Lo que comenzó ayer como una manifestación pacífica en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, terminó en una noche de violencia y tensión frente a la Casa de Gobierno. Efectivos policiales, personal penitenciario y sus familiares se concentraron para reclamar mejoras salariales, pero la situación escaló cuando grupos de manifestantes quemaron neumáticos, arrojaron piedras y pirotecnia contra la sede del Poder Ejecutivo e intentaron derribar las rejas perimetrales.

El conflicto, que arrastra varias semanas, se reavivó tras el anuncio de un acuerdo salarial que una parte de las fuerzas considera insuficiente. Los manifestantes exigieron un aumento del 50% en el básico y denunciaron una brecha injusta. Mientras el personal de menor rango lucha por mejoras, se habrían otorgado incrementos del 70% a la plana mayor y cuerpos de élite, medida que fue parcialmente retrotraída para intentar calmar los ánimos.

A pesar de que el viernes se había conformado una mesa de diálogo con el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, el descontento persistió. Anoche, la Infantería debió formar un cordón sobre la calle Sarmiento para resguardar el edificio. Aunque hubo momentos de máxima fricción, no se registraron enfrentamientos directos cuerpo a cuerpo.

La respuesta oficial

A través de un comunicado, el Gobierno de Jujuy apeló a la "paz social" y vinculó los incidentes a "un minúsculo grupo sectario con intereses ajenos al bienestar general". La administración de Carlos Sadir fue tajante en su postura. "El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo", dijeron en un comunicado.

Además, advirtieron que no permitirán el regreso de prácticas violentas o el uso de rostros cubiertos, métodos que definieron como parte de un pasado que la provincia busca dejar atrás.

El conflicto jujeño guarda similitudes con lo ocurrido semanas atrás en Rosario, donde una protesta policial derivó en el abandono de funciones de algunos efectivos, al evidenciar un clima de malestar generalizado en las fuerzas de seguridad de distintos puntos del país por la pérdida del poder adquisitivo.